Colombia atraviesa una situación inédita con el servicio de expedición de pasaportes. A solo días de que venza el contrato actual, el futuro de este documento esencial para millones de ciudadanos sigue marcado por la incertidumbre, las negociaciones de última hora y cuestionamientos sobre la forma en que se está planificando el nuevo modelo de producción.
La polémica involucra al Gobierno Nacional, a la empresa Thomas Greg and Sons, a la Imprenta Nacional de Colombia, a la Casa de la Moneda de Portugal y a los organismos de control.
EL CONTRATO QUE ESTÁ A PUNTO DE VENCER
Desde hace años, la elaboración de los pasaportes colombianos ha estado a cargo de una unión temporal encabezada por Thomas Greg and Sons. El contrato vigente finaliza el 1 de septiembre, y aunque el Gobierno ya anunció que será prorrogado para evitar la interrupción del servicio, el documento que lo formaliza aún no se ha firmado.
Esa prórroga sería por siete meses, es decir, hasta el 31 de marzo de 2026, y busca dar tiempo a que la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal asuman completamente el proceso.
UN SERVICIO CON DEMANDA DISPARADA
La tensión se incrementa porque, en medio de la incertidumbre, la demanda de pasaportes se disparó de 8.000 a 13.000 libretas diarias. Este aumento responde al temor de los ciudadanos por posibles retrasos o suspensiones del servicio, y ha generado largas filas y sobrecarga en las oficinas de expedición.
EL PLAN DEL GOBIERNO: ESTADO AL MANDO
El objetivo del Gobierno es que a partir del 1 de abril de 2026 sea el Estado quien produzca y personalice los pasaportes, eliminando la dependencia de contratistas privados. Para ello, en julio se firmó un convenio entre la Cancillería y la Casa de la Moneda de Portugal.
El acuerdo, con un valor de $1,3 billones, será financiado con el Presupuesto General de la Nación y tendrá una duración de 10 años. Incluye:
- Transferencia de tecnología para producción de documentos de alta seguridad.
- Instalación y donación de maquinaria especializada en Colombia.
- Capacitación de personal de la Imprenta Nacional.
¿POR QUÉ PORTUGAL Y NO OTRO PAÍS?
La canciller encargada, Rosa Villavicencio, explicó que la Casa de la Moneda de Portugal fue seleccionada porque ofreció el menor plazo de transferencia tecnológica: 10 años, frente a los 15 que propuso Alemania y tiempos mayores de otros oferentes. Además, destacó su trayectoria de más de 700 años en la elaboración de documentos oficiales.
LAS ALERTAS DE LA PROCURADURÍA
Mientras se avanza en este cambio, la Procuraduría General de la Nación ha emitido advertencias sobre el proceso. Entre las irregularidades detectadas se encuentran:
- Falta de sustento jurídico y técnico en documentos clave.
- Omisión de procedimientos establecidos en el manual de contratación de la Imprenta Nacional.
- Ausencia de estudios previos y análisis técnicos para justificar la elección del contratista.
- Proyección de vigencias futuras hasta 2036 sin autorización del CONFIS ni documento Conpes.
- Falta de información y participación de la Junta Directiva de la Imprenta Nacional en decisiones estratégicas.
El órgano de control advierte que estas falencias ponen en riesgo la transparencia, la legalidad y la eficiencia del nuevo modelo, y que podrían derivar en sanciones si se comprueban faltas disciplinarias.
¿CÓMO AFECTA ESTO A LOS CIUDADANOS?
Por ahora, las personas que necesitan sacar o renovar su pasaporte deben hacerlo bajo el contrato vigente con Thomas Greg. Si se firma la prórroga como está previsto, el servicio se mantendrá sin interrupciones hasta marzo de 2026.
A partir de abril de 2026, los pasaportes serán producidos directamente por la Imprenta Nacional con el apoyo técnico de la Casa de la Moneda de Portugal. El Gobierno asegura que esta transición dará a Colombia “autonomía total” en la fabricación de sus documentos de viaje y garantizará la seguridad de los datos personales.
Sin embargo, el cambio trae desafíos:
- El proceso de transferencia tecnológica debe cumplirse sin retrasos para evitar interrupciones.
- Se deberán implementar controles para garantizar la calidad de las libretas.
- La supervisión de organismos de control será clave para asegurar la transparencia.
UN CAMBIO DE MODELO CON IMPLICACIONES POLÍTICAS
Este cambio también tiene un trasfondo político. La canciller Villavicencio ha criticado que, en el pasado, el servicio de pasaportes estuviera en manos de empresas privadas, lo que —según dijo— obedecía a “mandatos y políticas foráneas” que redujeron la participación del Estado.
Defiende que ahora el Gobierno busca recuperar el control y que “la seguridad de los datos de los ciudadanos esté en manos de la Nación”. No obstante, ha negado que la intención sea “sacar” a Thomas Greg de forma abrupta, asegurando que la relación con la empresa sigue siendo buena.
¿QUÉ VIENE AHORA?
Las próximas semanas serán decisivas. El Gobierno deberá firmar la prórroga con Thomas Greg para evitar un vacío en el servicio, mientras avanza la preparación para que el Estado asuma el control total en 2026.
La transición estará bajo vigilancia de la Procuraduría, que ya ha anunciado que seguirá auditando el proceso y no descarta abrir investigaciones disciplinarias si se confirman irregularidades.
