El expresidente Álvaro Uribe Vélez, condenado en primera instancia a 12 años de prisión por fraude procesal y soborno de testigos, recuperó este martes su libertad tras un fallo del Tribunal Superior de Bogotá. La decisión, que deja sin efecto la orden de detención domiciliaria impuesta por la jueza Sandra Heredia, permite al exmandatario enfrentar el proceso en libertad mientras se resuelve la apelación a su condena.
El fallo del Tribunal
La Sala Penal del Tribunal resolvió una acción de tutela presentada por la defensa de Uribe, encabezada por el abogado Jaime Granados, quien argumentó que la decisión de la jueza Heredia vulneraba derechos fundamentales como el debido proceso, la presunción de inocencia y la libertad personal.
El magistrado Leonel Rogeles Moreno, ponente de la decisión, criticó fuertemente a la jueza por ordenar la detención inmediata sin criterios de proporcionalidad ni necesidad. El fallo cuestiona que Heredia haya sustentado la medida en argumentos “genéricos, ambiguos, subjetivos y ajenos a la realidad procesal”, lo cual —según el Tribunal— desconocía garantías básicas del derecho a la libertad.
La Sala destacó además que el expresidente ha mostrado “buen comportamiento procesal” y ha asistido de manera voluntaria a todas las citaciones judiciales, lo que debilitaba cualquier argumento de riesgo de fuga o incumplimiento.
La condena de primera instancia
El 28 de julio, un juzgado de Bogotá declaró culpable al exmandatario por manipulación de testigos. Posteriormente, el 1 de agosto, la jueza Sandra Heredia dictó sentencia en su contra:
- 12 años de prisión domiciliaria
- Multa de 830.000 dólares
- 8 años de inhabilidad para ocupar cargos públicos
La jueza ordenó que la pena se cumpliera de inmediato, razón por la cual Uribe pasó 19 días en detención domiciliaria en su finca en Rionegro, Antioquia. Durante este tiempo, mantuvo contacto con líderes políticos de su partido, el Centro Democrático, y continuó su actividad en redes sociales, aunque no pudo asistir al funeral del senador Miguel Uribe, un hecho que golpeó emocionalmente a su bancada.
La polémica detrás de la decisión
El debate jurídico se centra en si la jueza tenía la obligación de ordenar la detención inmediata. Expertos han señalado que en casos de detención domiciliaria no es común aplicar de manera automática la privación de la libertad, salvo que exista riesgo comprobado de fuga o reincidencia.
El Tribunal recogió este argumento al advertir que las razones expuestas por Heredia —como la “percepción ciudadana” o el “efecto ejemplarizante”— no eran suficientes ni tenían soporte legal.
Este matiz es clave: el fallo no cuestiona la condena en sí, sino la forma en que se justificó la captura inmediata. Por eso, aunque Uribe recupera su libertad, sigue vinculado al proceso penal y su futuro político dependerá de lo que ocurra en la segunda instancia.
Reacciones políticas divididas
La noticia generó un terremoto en la política colombiana.
- Desde el Centro Democrático, su bancada celebró lo que consideraron un triunfo de la justicia y de los derechos fundamentales.
- Para sus opositores, en cambio, la decisión fue un duro golpe. La congresista María del Mar Pizarro fue categórica: “Libre no es igual a inocente. La justicia aún debe pronunciarse en segunda instancia”.
- El exministro Andrés Camacho escribió en X: “La libertad de Álvaro Uribe NO significa que haya sido absuelto. El fallo de segunda instancia será el verdadero desenlace”.
- Por su parte, la alcaldesa Claudia López expresó su preocupación, afirmando que Uribe y su exabogado Diego Cadena —también condenado por manipulación de testigos— “seguirán usando su libertad para mantener la impunidad”.
Estas reacciones evidencian cómo el caso Uribe sigue dividiendo profundamente a la opinión pública: para unos, el expresidente es víctima de una persecución política; para otros, un símbolo de impunidad en la justicia colombiana.
¿Qué sigue en el proceso?
La defensa de Uribe presentó recurso de apelación y ahora corresponde a una sala de tres magistrados del Tribunal Superior de Bogotá decidir si ratifica o revoca la sentencia. La decisión deberá conocerse a más tardar el 15 de octubre de 2025.
Hasta entonces, el expresidente gozará de libertad, pero con la sombra de una condena en primera instancia que lo persigue políticamente y que podría marcar el final de su carrera pública.
