La tarde del jueves 14 de agosto, la reconocida médica del Hospital Departamental Centenario de Sevilla fue interceptada por hombres armados cuando recogía a sus hijos de 4 y 8 años en el colegio. Los tres fueron obligados a subir a una camioneta Toyota TXL blanca con placas MGX-655, escoltada por otro vehículo gris que encabezó la huida hacia una zona montañosa.
Horas después, los niños fueron liberados en una carretera rural, pero su madre permanece en cautiverio. La Fiscalía y la Policía identifican como principales sospechosos a integrantes del Frente 57 “Yair Bermúdez”, disidencia de las FARC, que opera en el norte del Valle.
“Un fiscal especializado y un equipo de investigadores enviados desde Bogotá ya trabajan en el caso. Desde la Gobernación del Valle ofrecemos hasta 50 millones de pesos de recompensa por información que permita su regreso”, confirmó la gobernadora encargada María Cristina Lesmes.
Un consejo de seguridad extraordinario, realizado el 15 de agosto en Sevilla, decidió conformar un grupo élite de investigación con Ejército, Policía y Fiscalía para seguir el rastro de los secuestradores.
La reacción de la comunidad médica
El secuestro de Hernández ha causado indignación nacional. Asociaciones de médicos y hospitales han publicado comunicados de rechazo y solidaridad.
La Fundación Médica Colombiana aseguró que el hecho “constituye una grave violación a los derechos humanos y afecta al personal de salud que trabaja en condiciones difíciles para salvar vidas”.
La Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación (Scare) fue aún más tajante: “Este acto violento atenta contra la misión médica y contra el respeto que merece todo profesional de la salud en Colombia”.
Colegas de Hernández en Sevilla y Caicedonia organizaron vigilias con velas y mensajes de esperanza. En redes sociales circula el hashtag #LiberenADaniela, que ha reunido voces de pacientes, alcaldías, concejales y ciudadanos.
Tres mujeres más desaparecidas en el Valle
La desaparición de Daniela Hernández se suma a otros tres casos recientes que han estremecido al departamento:
- Esperanza Muñoz, 66 años (La Cumbre): vista por última vez hace más de 20 días subiendo a un vehículo con dos hombres. La Fiscalía ya identificó a uno de los acompañantes. Su hijo, Luis Eduardo Romero, denunció la lentitud de las investigaciones: “Nadie nos llama, la Fiscalía nos pide esperar turno. Lo poco que sabemos ha sido por mi propia investigación”.
- Yurany Andrea Torres y Mayra Alejandra Motato (Restrepo): jóvenes desaparecidas desde el 19 de julio. Se les vio juntas en el parque principal del municipio. Desde entonces no hay rastro de ellas. Familiares y amigos marcharon en Restrepo bajo el lema “Que vuelvan a casa”.
El secretario de Seguridad del Valle, Guillermo Londoño, anunció que todas las denuncias serán priorizadas: “Se coordinarán esfuerzos entre Policía, Ejército, Fiscalía y Gobernación para esclarecer estos casos. La desaparición de mujeres no puede ser un fenómeno silenciado”.
Marchas y clamor ciudadano
En Sevilla, cientos de personas vestidas de blanco realizaron una marcha pacífica que culminó en un plantón frente al hospital donde trabajaba Hernández. Pacientes y colegas llevaron pancartas con mensajes como “Daniela, te esperamos con vida” y “Ser médico no puede ser una condena”.
En Restrepo, familiares de Yurany y Mayra también salieron a las calles con velas encendidas, reclamando que no sean olvidadas. En La Cumbre, vecinos de Esperanza pegaron afiches con su fotografía en tiendas, buses y colegios.
Contexto: violencia y disidencias en el Valle
El secuestro de Hernández ocurre en un momento crítico para la seguridad en el Valle. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, disidencias de las FARC y bandas criminales vinculadas al narcotráfico mantienen presencia en municipios del norte del departamento, lo que ha generado un aumento en extorsiones, secuestros y desplazamientos forzados.
Lo que viene
La investigación por el secuestro de Daniela Hernández y la desaparición de las otras tres mujeres está en manos de un equipo interinstitucional. La Gobernación del Valle mantiene la recompensa de 50 millones de pesos y ha pedido a la ciudadanía colaborar con cualquier información.
Mientras tanto, familiares y amigos no cesan en sus llamados: “Que nos devuelvan a Daniela, a Esperanza, a Yurany y a Mayra. Que el país no olvide sus nombres”.
