El pulso político entre el presidente Gustavo Petro y la representante a la Cámara Katherine Miranda escaló tras las declaraciones que la congresista hizo en el Congreso de Colfecar. Allí afirmó que, como coordinadora ponente, hará “todo lo posible” para que la reforma tributaria del Gobierno no avance, al asegurar que no hay ambiente ni en el país ni en el propio Congreso para aprobarla. Su mensaje fue directo: “vamos a volver a negar la reforma tributaria de Gustavo Petro”.
La respuesta del presidente no tardó. En X le dijo: “No me haces daño a mí, Katherine, le haces un inmenso mal a Colombia y a una economía que he logrado fortalecer y relanzar. Si hundes la reforma tributaria con tus compañeros de extrema derecha, ya verás, en el 2027, el inmenso daño que fuiste capaz de hacer… por simple ignorancia económica y odio político”.
La congresista replicó que la propuesta del Gobierno encarecería la vida de los ciudadanos. Sostuvo que protegerá a hogares vulnerables y a la clase media y cuestionó puntos como el IVA a la gasolina, el etanol y el ACPM, además de cobros que —según dijo— afectarían la cuota de administración, parqueaderos y zonas comunes en edificios. Semanas atrás ya había advertido impactos en consumo, como entradas a conciertos, eventos deportivos y compra de vehículos (con tarifas que, según el tipo, podrían ubicarse entre 8 % y 19 %).
El cruce de mensajes sumó al ministro del Interior, Armando Benedetti, quien desestimó las amenazas de “hundimiento” y agitó más la disputa; Miranda respondió denunciando machismo y asegurando que no se dejará intimidar.
En paralelo, el clima en el Capitolio sigue enrarecido: la reforma tributaria fue radicada el 6 de septiembre con una meta de recaudo cercana a los 26 billones de pesos, en medio de un presupuesto ya objetado en su monto por mayorías del Congreso. Si el Legislativo rechazó el tope del Presupuesto, es probable que las comisiones económicas también endurezcan su posición frente a la nueva carga tributaria.
El Gobierno, por su parte, defiende que el proyecto busca cerrar brechas, ordenar exenciones, avanzar en progresividad y asegurar recursos para programas y compromisos, mientras opositores e independientes piden retirar o rediseñar los artículos más sensibles y ajustar el calendario de implementación para no golpear empleo e inversión.
Más allá del ruido en redes, lo decisivo ocurrirá en el recinto. El desenlace depende de la aritmética legislativa: mayorías, disciplina de bancada, negociaciones de última hora y un texto que llegue a plenaria con el menor nivel de choque posible. En juego están la claridad del recaudo, la calidad del gasto y la capacidad del Estado para fiscalizar y reducir la brecha entre lo potencial y lo efectivamente cobrado.
Un archivo forzaría al Ejecutivo a plantear rutas alternas (recortes, reasignaciones o nuevos diseños), mientras que una aprobación con cambios exigiría reglas de transición, trazabilidad y metas medibles. La ciudadanía sentirá el impacto si el resultado final se traduce en precios estables, servicios financiados y una economía con señales claras para hogares y empresas.
